DENUNCIAN ACTO PROSELITISTA POR PARTE DE FUERZA REPUBLICANA EN ABIERTA VIOLACIÓN DE LA LEY
Un nuevo episodio de presunta utilización indebida de un ente público con fines partidarios genera polémica en el escenario polÃtico. El acto proselitista, que habrÃa violado la ley que prohÃbe expresamente la realización de actividades polÃticas en instituciones del Estado, fue encabezado por el lÃder de Fuerza Republicana, Hugo Velázquez, junto a sus nuevos aliados polÃticos.
La actividad también fue protagonizada por la cuestionada pareja de dirigentes colorados, el exdiputado Orlando Arévalo y su esposa, la concejal Carolina González, quien aspira a la Intendencia de Lambaré en las próximas elecciones municipales. El hecho cobra mayor relevancia debido a que el evento se llevó a cabo en la explanada de la Municipalidad de Lambaré, un espacio público que debe mantenerse al margen de cualquier manifestación proselitista.
De acuerdo con las denuncias, el acto constituye una flagrante violación de la normativa vigente, que establece la neutralidad polÃtica de los entes públicos y prohÃbe su utilización para la promoción de candidaturas o movimientos partidarios.
El caso genera especial controversia si se considera que este tipo de prácticas habÃa sido erradicado desde 1998, a partir de decisiones judiciales impulsadas por el entonces juez Hugo Velázquez, hoy señalado como uno de los principales protagonistas del hecho cuestionado. Esta situación despertó fuertes crÃticas por la aparente contradicción entre su pasado rol judicial y su actual accionar polÃtico.
El episodio reaviva el debate sobre el respeto al Estado de Derecho, la igualdad de condiciones en la competencia electoral y el uso responsable de los espacios públicos. Diversos sectores reclaman la intervención de las autoridades competentes para determinar si existieron responsabilidades administrativas o electorales.
Hasta el momento, no hubo pronunciamientos oficiales de los involucrados sobre la denuncia, mientras crece el cuestionamiento ciudadano por prácticas que recuerdan a viejos vicios polÃticos que la legislación paraguaya busca desterrar.
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